Miguel Angel Zavala Ortiz, el CANCILLER

• La participación argentina en los foros multilaterales

En octubre de 1964, la Argentina participó como observador en la segunda Reunión Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que tuvo lugar en El Cairo, Egipto. Durante su intervención en la conferencia, el representante argentino, Carlos María Bollini Shaw, declaró que en América y en la Argentina debía lucharse para hacer desaparecer todo vestigio de colonialismo, en obvia referencia a la cuestión de Malvinas. Asimismo, sostuvo como principios el pacifismo y el universalismo, y subrayó la necesidad de reformar la estructura vigente del comercio internacional en forma congruente con las necesidades de los países en desarrollo. 

 
    Finalmente, la Argentina adhirió a la resolución final de la conferencia del día 12 de octubre, que rechazaba el colonialismo occidental, pero apoyaba la “coexistencia pacífica” en las relaciones entre Oriente y Occidente.  

    Como ya se mencionara, entre el 24 de febrero y el 7 de marzo de 1964 tuvo lugar en la localidad cordobesa de Alta Gracia la reunión convocada por la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), instancia previa a la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD I). En esta reunión -presidida por el ministro de Economía del gobierno de Illia, Eugenio Blanco, y que contó con el asesoramiento de figuras vinculadas al enfoque cepalino y desarrollista como Alfredo Concepción, Bernardo Grinspun, o Leopoldo Tettamanti, entre otros-, se aprobó la llamada Carta de Alta Gracia, documento inspirado en las ideas del economista argentino Raúl Prebisch, en el cual 19 países latinoamericanos denunciaron el carácter discriminatorio de la estructura del comercio internacional como el factor responsable de la vulnerabilidad de los países en vías de desarrollo. 

    En la Alta Gracia, la Argentina propuso la creación de un Fondo Mundial de Financiación de Alimentos a funcionar dentro del ámbito de la ONU. Según la propuesta argentina, este Fondo debía ser administrado en forma proporcional por países proveedores, contribuyentes y beneficiarios. Según las palabras del canciller Zavala Ortiz, propuestas como la de este Fondo apuntaban precisamente a evitar el manejo monopólico de la asistencia financiera por “unos pocos países privilegiados”. 

 
    De acuerdo con la definición del propio canciller argentino, expresada ante el almuerzo mensual de la Cámara Argentina de Anunciantes en abril de 1964, la Carta de Alta Gracia era 

 

un programa orgánico para una completa transformación del comercio internacional. (...) Antes la fuerza sólo la tenían los países grandes, hoy la tienen los asociados. Por ello nos hemos preocupado de la unidad latinoamericana a través de la OEA, la Carta de Alta Gracia, el Mercado Común, etcétera (...). 

La embajada norteamericana en Buenos Aires interpretó que las intenciones del ministro de Relaciones Exteriores argentino en Alta Gracia eran adoptar una política exterior independiente, pero dentro de la comunidad occidental. 

 
    Tal como ocurriera en el caso de la reunión de la CECLA en Alta Gracia, la diplomacia argentina buscó un rol protagónico en la Conferencia Mundial de la ONU sobre Comercio y Desarrollo o UNCTAD I, que tuvo lugar en Ginebra entre fines de marzo y principios de abril de 1964. (sí, los países latinoamericanos, que habían estado representados en la Conferencia de Alta Gracia, encomendaron al ministro de Economía argentino, Eugenio Blanco, la presidencia del consejo encargado de encauzar una posición convergente de los países de la región en la Conferencia de Ginebra. 

 
    El economista argentino y padre del pensamiento estructuralista-cepalino, Raúl Prebisch, se desempeñó como secretario general de la Conferencia y defendió el informe latinoamericano, el cual analizaba la situación del comercio en América Latina y proponía una serie de medidas para subsanar el desequilibrio existente en el comercio entre países desarrollados y subdesarrollados: 1) medidas para mejorar el acceso de los productos primarios a los mercados compradores; 2) estabilización del poder de compra de los países subdesarrollados por medio de un sistema de financiaciones compensatorias; 3) medidas de estímulo a la exportación de productos industrializados de los países subdesarrollados; 4) adopción de medidas de sustitución de importaciones; 5) comercio con los países socialistas; y 6) necesidad de aliviar los servicios de las deudas, fletes y seguros de los países subdesarrollados. Pero no obstante el rol protagónico de Presbich, las delegaciones latinoamericanas no lograron que en Ginebra se suprimieran las preferencias especiales acordadas por el Mercado Común Europeo a 18 estados africanos, ni pudieron quebrar la firme determinación británica de mantener su sistema de preferencias tarifarias para los miembros del Commonwealth. 

 
    El Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) constituyó otro foro donde la diplomacia radical expuso su enfoque “desarrollista-cepalino” y se enfrentó a las posiciones adoptadas por los países desarrollados. Así, el 5 de mayo de 1964, en la sesión inaugural de la Ronda Kennedy sobre negociaciones tarifarias del GATT en Ginebra, (10) la Argentina sostuvo, a través de su delegado Raúl C. Migone, que las rebajas arancelarias de carácter general del 50 % acordadas por el Mercado Común Europeo y por los Estados Unidos no otorgaban “ventajas significativas” a países que, como el caso de la Argentina, eran fuertemente dependientes de las exportaciones de productos primarios. Como alternativa a las rebajas otorgadas por el GATT, Migone se declaró partidario de concesiones preferenciales al sector agrícola. 

 
    Además, los delegados de la Argentina y Brasil, el embajador Migone y Alfredo Teixeira Valladao, coincidieron en expresar sus reservas a la regla de la Ronda Kennedy, que se refería a las obligaciones de los países menos desarrollados en la reducción general arancelaria de los 75 países miembros del GATT. El comunicado dice que Migone y Valladao aceptaron esa fórmula sólo en el entendimiento de que la frase “necesidades de desarrollo y comercio” incluyera los requisitos de la situación financiera que en ese momento estaba vigente.

 
    Por otra parte, el gobierno argentino debió llevar a cabo negociaciones con el Club de París por la deuda externa. El 26 de junio de 1965 se logró un acuerdo por el cual el Club aceptaba la consolidación de 60 % de los vencimientos de la deuda argentina correspondientes a 1965. Los compromisos arreglados llegaban a 223 millones de dólares y las autoridades económicas del gobierno preveían un déficit teórico de 42 millones de la misma moneda durante 1965.
     

Como era de esperarse, estas renegociaciones de la deuda con el Club de París fueron duramente criticadas por la oposición. Así, los diputados socialistas Juan Carlos Coral y Ramón A. Muñiz presentaron junto a otros colegas de su bancada un proyecto de resolución que solicitaba informes respecto de varios puntos de las negociaciones, 

 
    Asimismo, un grupo de senadores, entre ellos el presidente del bloque demócrata cristiano, Roberto De Rege, y los radicales del pueblo Santiago Carlos Fassi y Miguel A. Martínez Saravia, presentaron el 11 de agosto de 1965 un proyecto de comunicación solicitando que el Ministerio de Economía aclarara detalles sobre las negociaciones con el Club de París, especialmente si había participado en las mismas un representante de la banca inglesa Baring Brothers, y si dichas negociaciones implicaban el pago de indemnizaciones a la petrolera británica Shell, como compensación por la anulación de los contratos petroleros y la desvalorización del peso argentino. El presidente Illia y el canciller Zavala Ortiz negaron a través de un mensaje todos estos argumentos de la oposición. 

 
    En la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Cancilleres, celebrada en noviembre de 1965 en Río de Janeiro, además del tema de la organización de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), se trataron cuestiones relativas al desarrollo socio-económico de la región. Se escucharon tres propuestas sobre esta cuestión: las presentadas por las delegaciones de la Argentina, Brasil y Chile. El proyecto argentino proponía la elaboración de un “Protocolo de seguridad y asistencia económica”, que, al igual que el presentado por la delegación de Chile, tendría un carácter de obligación jurídica. En cambio, el proyecto brasileño se limitaba a enunciar una serie de principios y a formular recomendaciones. Asimismo, la propuesta de la delegación brasileña derivaba a una reunión consultiva de ministros de Economía o de Finanzas de la región toda medida concreta de ayuda económica a los países que no pudieran superar sus dificultades socio-económicas por su propio esfuerzo. Por cierto, la existencia de estas divergencias de enfoque entre la Argentina, Brasil y Chile respecto de la implementación de políticas multilaterales que apuntaran al desarrollo socio-económico regional, revelaban por sí mismas uno de los obstáculos con los que tropezó la marcha de la Alianza para el Progreso diseñada por la administración Kennedy. 

    Por su parte, Estados Unidos otorgó en Río varias concesiones verbales, que no conformaron a la representación latinoamericana. Una de ellas fue la inclusión, en la Resolución II del Acta Final de Río (o Acta Económico-Social de Río), del principio de seguridad económica -uno que había estado fuera de la Carta de la OEA-. Washington reconoció la importancia del factor económico en la política de defensa del continente contra la subversión comunista y resolvió prolongar la ayuda financiera establecida en el marco de la Alianza para el Progreso. También la representación norteamericana tomó la iniciativa de proponer la creación de una comisión interamericana destinada a fomentar la diversificación de las exportaciones latinoamericanas. De este modo, las resoluciones VIII y IX del Acta Final establecían la creación de un Fondo Interamericano para Situaciones de Emergencia y el establecimiento de una oficina interamericana de promoción de las exportaciones. Pero la delegación norteamericana no concedió el punto central de la demanda latinoamericana: la creación de una zona preferencial que se extendiera a todo el continente. El Acta Final se limitaba a un compromiso verbal de Estados Unidos a favorecer la adquisición de productos sudamericanos y la estabilización de los precios mundiales de las materias primas.

    A fines de febrero de 1966, se inauguró en Panamá la Conferencia para la reforma de la Carta de la OEA. En dicha ocasión, no sólo se hicieron evidentes las profundas divergencias existentes entre Estados Unidos y los países latinoamericanos respecto de temas “sensibles” de la agenda, como la intervención de la FIP, la reforma de la Carta de la OEA, la ampliación de las funciones del Consejo del organismo, o la inclusión del concepto de “seguridad económica” en las deliberaciones, sino también las serias diferencias de opinión entre los latinoamericanos acerca de estos tópicos. Como era de esperarse, la diplomacia argentina volvió a adoptar una posición conciliadora, pero las enormes divergencias empantanaron la conferencia. El tema de la reforma de la Carta de la OEA sería retomado en la Conferencia de Buenos Aires, realizada en febrero de 1967. 

 
    La Argentina también estuvo presente en el tercer período de sesiones de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina (COPREDAL), que tuvo lugar en México, en abril-mayo de 1966. En esta conferencia, la delegación argentina rechazó todo compromiso con la desnuclearización de la región. 

El jefe de dicha delegación, Luis Santiago Sanz, manifestó que la existencia de garantías que resguardaran la seguridad del hemisferio debía ser una condición previa para respaldar el proyecto de creación de una zona desnuclearizada en la región -que tiempo más tarde se convertiría en el tratado de Tlatelolco-. Asimismo, y en explícita referencia a la cuestión Malvinas con Gran Bretaña, el delegado argentino propuso excluir a cualquier “entidad política” cuyo territorio esté en litigio entre un país de la región y uno extracontinental, tesis que fue respaldada por los miembros de la Comisión. 

 
    Por último, cabe recordar que el gobierno de Illia dio el primer paso hacia un proyecto de cooperación surregional entre los países integrantes de la cuenca del Plata -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay-. Así, ya en 1965 el gobierno argentino efectuó, a través de sus embajadas ante los gobiernos de Brasilia, La Paz, Asunción y Montevideo, una consulta sobre la disposición de esos países para realizar una reunión que organizara el aprovechamiento de los recursos de la cuenca. Ante el eco positivo de las naciones vecinas, el 2 de junio de 1966, el canciller Miguel Angel Zavala Ortiz cursó a éstas una invitación formal en los siguientes términos: 

La providencia ha otorgado a nuestros países magníficos recursos naturales. Constituye una responsabilidad de los gobiernos movilizar esta riqueza en beneficio de cada nación y de su pueblo. Entre estos recursos se encuentran los ríos que integran la Cuenca del Plata. Las corrientes fluviales de este vasto sistema hidrográfico ofrecen posibilidades ilimitadas para usos y aplicaciones tan esenciales como son el agua de consumo, el riego, la navegación, el aprovechamiento industrial, la producción de energía hidroeléctrica y la utilización agrícola, pecuaria e ictícola.
(....) En opinión del gobierno argentino es de impostergable necesidad iniciar el estudio del aprovechamiento posible de los recursos naturales de la Cuenca, asignándole al mismo el carácter regional que la naturaleza impone. Conocidas las conclusiones de estos estudios se podrá proyectar y realizar obras que se estiman necesarias. 

Asimismo, se elaboró un proyecto de Tratado de la Cuenca del Plata, con el asesoramiento del entonces embajador argentino en Japón, Guillermo Cano, que quedó momentáneamente abortado por el golpe militar del 28 de junio de ese mismo año, que derrocara al presidente Illia. Curiosamente, fue la gestión siguiente, la del general Juan Carlos Onganía, la que concretaría la firma del Tratado de la Cuenca del Plata el 23 de abril de 1969, a través de una reunión de cancilleres que tuvo lugar en Brasilia. 

    Por cierto, el proyecto de la Cuenca del Plata apareció ante los ojos de la diplomacia radical como un intento -frustrado por el golpe que derrocó al gobierno de Illia- de “multilateralizar” el diálogo entre la Argentina y Brasil, que desde el derrocamiento de Frondizi se encontraba obstaculizado por las diferencias existentes entre ambos países respecto de la cuestión del aprovechamiento de los ríos de la Cuenca en proyectos energéticos.

Fuente: argentina-rree.com