El 53 por ciento de los niños argentinos de hasta 12 años pertenece a un hogar con problemas para cubrir sus consumos mínimos de alimentación, vestimenta, salud y servicios básicos. Este dato del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina significa que en nuestro país hay 9 millones de niños con déficit alimentario o malnutrición. Buena parte de ellos sufren hambre y, según informó Juan Carr, de la Red Solidaria, por año suman casi 3000 los niños que mueren de hambre.
Al mismo tiempo que estremecen y debieran escandalizarnos, estas cifras dicen mucho sobre nuestra sociedad y sobre el fracaso de la dirigencia en un campo tan sensible como este.
Son cifras que, obviamente, obligan a actuar ahora para resolver este drama que tiene dos facetas. Por un lado, como dijimos, la inadmisible cantidad de chicos que fallecen por falta de alimento. Por el otro, las serias y múltiples consecuencias que acarrea una alimentación insuficiente, como el aumento de la morbilidad y la disminución del rendimiento escolar. Cuando el hambre no mata, condiciona seriamente el futuro de esos niños condenándolos a intentar sobrevivir en la sociedad o en sus márgenes en inferioridad de condiciones pues su desarrollo neuronal se ve interrumpido si a edad temprana no reciben los alimentos necesarios. Es decir, condenándolos a la postergación.
Si la muerte diaria de niños por hambre es intolerable en cualquier país, lo es aún más, si cabe, en la Argentina, que con sólo el 0,65 por ciento de la población mundial produce materia prima suficiente para abastecer a varias Argentinas.
Podrá discutirse cómo se llegó a este extremo que, además de avergonzarnos, nos duele. Podrán discutirse las razones de la persistencia de este drama a partir de la crisis de 2001-2002, pese a que desde entonces han mejorado otros parámetros de nuestra economía.
Lo que no puede discutirse es la necesidad de actuar ahora. Y en este sentido, toda la dirigencia está en deuda. En 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, su gobierno asumió el compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cumplir los denominados "Objetivos de Desarrollo del Milenio" establecidos por la ONU, por los cuales nuestro país debería "erradicar la indigencia y el hambre" y "reducir la pobreza de la población a menos del 20 por ciento y la indigencia al 0 por ciento" antes de 2015.
La negativa de sectores empresariales y sindicales a firmar junto con la Iglesia un documento sobre la pobreza y el miedo a hablar en público de este drama que vive el país es una muestra de que pocos van a invertir en un país en el cual un gobierno usa los resortes del poder para infundir miedo y falsear la realidad. Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno ha sido alterar perversa y maliciosamente los índices de inflación y los de pobreza e indigencia para ocultar esos tristes fenómenos.
Pero el hambre no se detiene ante los índices adulterados del Indec mediante una estafa que se vuelve cómplice y criminal al mismo tiempo, pues procura esconder una realidad intolerable y, al hacerlo, se exime el propio Gobierno de la obligación de mejorar esa realidad inocultable del hambre y la pobreza.
Para Juan Carr, los comedores que pertenecen a entidades no oficiales -sólo la mitad de ellos reciben subsidios estatales- no son la herramienta decisiva en la lucha contra el hambre. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Carr coordina el Centro de Lucha contra el Hambre, cuya labor principal consiste en crear huertas y granjas en las zonas con alto nivel de desnutrición infantil. Ya existen 550 mil huertas en la Argentina dentro del programa Pro Huerta del INTA y en muchas interactúan Cáritas y Tzedaká.
Carr considera que podrían hacerse 900 mil huertas más y llegar a su objetivo principal: reducir a la mitad el número de hambrientos en 2016 y llegar al hambre cero en 2020.
Son dos formas de encarar esta triste realidad. La que la combate con la verdad, y la que la oculta sabiendo, en definitiva, que su existencia es una afrenta para todos los argentinos sin excepción.
Al mismo tiempo que estremecen y debieran escandalizarnos, estas cifras dicen mucho sobre nuestra sociedad y sobre el fracaso de la dirigencia en un campo tan sensible como este.
Son cifras que, obviamente, obligan a actuar ahora para resolver este drama que tiene dos facetas. Por un lado, como dijimos, la inadmisible cantidad de chicos que fallecen por falta de alimento. Por el otro, las serias y múltiples consecuencias que acarrea una alimentación insuficiente, como el aumento de la morbilidad y la disminución del rendimiento escolar. Cuando el hambre no mata, condiciona seriamente el futuro de esos niños condenándolos a intentar sobrevivir en la sociedad o en sus márgenes en inferioridad de condiciones pues su desarrollo neuronal se ve interrumpido si a edad temprana no reciben los alimentos necesarios. Es decir, condenándolos a la postergación.
Si la muerte diaria de niños por hambre es intolerable en cualquier país, lo es aún más, si cabe, en la Argentina, que con sólo el 0,65 por ciento de la población mundial produce materia prima suficiente para abastecer a varias Argentinas.
Podrá discutirse cómo se llegó a este extremo que, además de avergonzarnos, nos duele. Podrán discutirse las razones de la persistencia de este drama a partir de la crisis de 2001-2002, pese a que desde entonces han mejorado otros parámetros de nuestra economía.
Lo que no puede discutirse es la necesidad de actuar ahora. Y en este sentido, toda la dirigencia está en deuda. En 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, su gobierno asumió el compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cumplir los denominados "Objetivos de Desarrollo del Milenio" establecidos por la ONU, por los cuales nuestro país debería "erradicar la indigencia y el hambre" y "reducir la pobreza de la población a menos del 20 por ciento y la indigencia al 0 por ciento" antes de 2015.
La negativa de sectores empresariales y sindicales a firmar junto con la Iglesia un documento sobre la pobreza y el miedo a hablar en público de este drama que vive el país es una muestra de que pocos van a invertir en un país en el cual un gobierno usa los resortes del poder para infundir miedo y falsear la realidad. Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno ha sido alterar perversa y maliciosamente los índices de inflación y los de pobreza e indigencia para ocultar esos tristes fenómenos.
Pero el hambre no se detiene ante los índices adulterados del Indec mediante una estafa que se vuelve cómplice y criminal al mismo tiempo, pues procura esconder una realidad intolerable y, al hacerlo, se exime el propio Gobierno de la obligación de mejorar esa realidad inocultable del hambre y la pobreza.
Para Juan Carr, los comedores que pertenecen a entidades no oficiales -sólo la mitad de ellos reciben subsidios estatales- no son la herramienta decisiva en la lucha contra el hambre. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Carr coordina el Centro de Lucha contra el Hambre, cuya labor principal consiste en crear huertas y granjas en las zonas con alto nivel de desnutrición infantil. Ya existen 550 mil huertas en la Argentina dentro del programa Pro Huerta del INTA y en muchas interactúan Cáritas y Tzedaká.
Carr considera que podrían hacerse 900 mil huertas más y llegar a su objetivo principal: reducir a la mitad el número de hambrientos en 2016 y llegar al hambre cero en 2020.
Son dos formas de encarar esta triste realidad. La que la combate con la verdad, y la que la oculta sabiendo, en definitiva, que su existencia es una afrenta para todos los argentinos sin excepción.
Fuente: lanacion.com
