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La
participación argentina en los foros multilaterales
En
octubre de 1964, la Argentina participó como observador en la segunda Reunión
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que tuvo lugar en El Cairo,
Egipto. Durante su intervención en la conferencia, el representante argentino,
Carlos María Bollini Shaw, declaró que en América y en la Argentina debía
lucharse para hacer desaparecer todo vestigio de colonialismo, en obvia
referencia a la cuestión de Malvinas. Asimismo, sostuvo como principios el
pacifismo y el universalismo, y subrayó la necesidad de reformar la estructura
vigente del comercio internacional en forma congruente con las necesidades de
los países en desarrollo.
Finalmente,
la Argentina adhirió a la resolución final de la conferencia del día 12 de
octubre, que rechazaba el colonialismo occidental, pero apoyaba la
“coexistencia pacífica” en las relaciones entre Oriente y Occidente.
Como
ya se mencionara, entre el 24 de febrero y el 7 de marzo de 1964 tuvo lugar en
la localidad cordobesa de Alta Gracia la reunión convocada por la Comisión
Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), instancia previa a la Primera
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD I). En esta
reunión -presidida por el ministro de Economía del gobierno de Illia, Eugenio
Blanco, y que contó con el asesoramiento de figuras vinculadas al enfoque
cepalino y desarrollista como Alfredo Concepción, Bernardo Grinspun, o Leopoldo
Tettamanti, entre otros-, se aprobó la llamada Carta de Alta Gracia, documento
inspirado en las ideas del economista argentino Raúl Prebisch, en el cual 19 países
latinoamericanos denunciaron el carácter discriminatorio de la estructura del
comercio internacional como el factor responsable de la vulnerabilidad de los países
en vías de desarrollo.
En
la Alta Gracia, la Argentina propuso la creación de un Fondo Mundial de
Financiación de Alimentos a funcionar dentro del ámbito de la ONU. Según la
propuesta argentina, este Fondo debía ser administrado en forma proporcional
por países proveedores, contribuyentes y beneficiarios. Según las palabras del
canciller Zavala Ortiz, propuestas como la de este Fondo apuntaban precisamente
a evitar el manejo monopólico de la asistencia financiera por “unos pocos países
privilegiados”.
De
acuerdo con la definición del propio canciller argentino, expresada ante el
almuerzo mensual de la Cámara Argentina de Anunciantes en abril de 1964, la
Carta de Alta Gracia era
un
programa orgánico para una completa transformación del comercio internacional.
(...) Antes la fuerza sólo la tenían los países grandes, hoy la tienen los
asociados. Por ello nos hemos preocupado de la unidad latinoamericana a través
de la OEA, la Carta de Alta Gracia, el Mercado Común, etcétera (...).
La
embajada norteamericana en Buenos Aires interpretó que las intenciones del
ministro de Relaciones Exteriores argentino en Alta Gracia eran adoptar una política
exterior independiente, pero dentro de la comunidad occidental.
Tal
como ocurriera en el caso de la reunión de la CECLA en Alta Gracia, la
diplomacia argentina buscó un rol protagónico en la Conferencia Mundial de la
ONU sobre Comercio y Desarrollo o UNCTAD I, que tuvo lugar en Ginebra entre
fines de marzo y principios de abril de 1964. (sí, los países
latinoamericanos, que habían estado representados en la Conferencia de Alta
Gracia, encomendaron al ministro de Economía argentino, Eugenio Blanco, la
presidencia del consejo encargado de encauzar una posición convergente de los
países de la región en la Conferencia de Ginebra.
El
economista argentino y padre del pensamiento estructuralista-cepalino, Raúl
Prebisch, se desempeñó como secretario general de la Conferencia y defendió
el informe latinoamericano, el cual analizaba la situación del comercio en América
Latina y proponía una serie de medidas para subsanar el desequilibrio existente
en el comercio entre países desarrollados y subdesarrollados: 1) medidas para
mejorar el acceso de los productos primarios a los mercados compradores; 2)
estabilización del poder de compra de los países subdesarrollados por medio de
un sistema de financiaciones compensatorias; 3) medidas de estímulo a la
exportación de productos industrializados de los países subdesarrollados; 4)
adopción de medidas de sustitución de importaciones; 5) comercio con los países
socialistas; y 6) necesidad de aliviar los servicios de las deudas, fletes y
seguros de los países subdesarrollados. Pero no obstante el rol protagónico de
Presbich, las delegaciones latinoamericanas no lograron que en Ginebra se
suprimieran las preferencias especiales acordadas por el Mercado Común Europeo
a 18 estados africanos, ni pudieron quebrar la firme determinación británica
de mantener su sistema de preferencias tarifarias para los miembros del
Commonwealth.
El
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) constituyó otro foro donde la
diplomacia radical expuso su enfoque “desarrollista-cepalino” y se enfrentó
a las posiciones adoptadas por los países desarrollados. Así, el 5 de mayo de
1964, en la sesión inaugural de la Ronda Kennedy sobre negociaciones tarifarias
del GATT en Ginebra, (10) la Argentina sostuvo, a través de su delegado Raúl
C. Migone, que las rebajas arancelarias de carácter general del 50 % acordadas
por el Mercado Común Europeo y por los Estados Unidos no otorgaban “ventajas
significativas” a países que, como el caso de la Argentina, eran fuertemente
dependientes de las exportaciones de productos primarios. Como alternativa a las
rebajas otorgadas por el GATT, Migone se declaró partidario de concesiones
preferenciales al sector agrícola.
Además,
los delegados de la Argentina y Brasil, el embajador Migone y Alfredo Teixeira
Valladao, coincidieron en expresar sus reservas a la regla de la Ronda Kennedy,
que se refería a las obligaciones de los países menos desarrollados en la
reducción general arancelaria de los 75 países miembros del GATT. El
comunicado dice que Migone y Valladao aceptaron esa fórmula sólo en el
entendimiento de que la frase “necesidades de desarrollo y comercio”
incluyera los requisitos de la situación financiera que en ese momento estaba
vigente.
Por
otra parte, el gobierno argentino debió llevar a cabo negociaciones con el Club
de París por la deuda externa. El 26 de junio de 1965 se logró un acuerdo por
el cual el Club aceptaba la consolidación de 60 % de los vencimientos de la
deuda argentina correspondientes a 1965. Los compromisos arreglados llegaban a
223 millones de dólares y las autoridades económicas del gobierno preveían un
déficit teórico de 42 millones de la misma moneda durante 1965.
Como
era de esperarse, estas renegociaciones de la deuda con el Club de París fueron
duramente criticadas por la oposición. Así, los diputados socialistas Juan
Carlos Coral y Ramón A. Muñiz presentaron junto a otros colegas de su bancada
un proyecto de resolución que solicitaba informes respecto de varios puntos de
las negociaciones,
Asimismo,
un grupo de senadores, entre ellos el presidente del bloque demócrata
cristiano, Roberto De Rege, y los radicales del pueblo Santiago Carlos Fassi y
Miguel A. Martínez Saravia, presentaron el 11 de agosto de 1965 un proyecto de
comunicación solicitando que el Ministerio de Economía aclarara detalles sobre
las negociaciones con el Club de París, especialmente si había participado en
las mismas un representante de la banca inglesa Baring Brothers, y si dichas
negociaciones implicaban el pago de indemnizaciones a la petrolera británica
Shell, como compensación por la anulación de los contratos petroleros y la
desvalorización del peso argentino. El presidente Illia y el canciller Zavala
Ortiz negaron a través de un mensaje todos estos argumentos de la oposición.
En
la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Cancilleres, celebrada
en noviembre de 1965 en Río de Janeiro, además del tema de la organización de
la Fuerza Interamericana de Paz (FIP), se trataron cuestiones relativas al
desarrollo socio-económico de la región. Se escucharon tres propuestas sobre
esta cuestión: las presentadas por las delegaciones de la Argentina, Brasil y
Chile. El proyecto argentino proponía la elaboración de un “Protocolo de
seguridad y asistencia económica”, que, al igual que el presentado por la
delegación de Chile, tendría un carácter de obligación jurídica. En cambio,
el proyecto brasileño se limitaba a enunciar una serie de principios y a
formular recomendaciones. Asimismo, la propuesta de la delegación brasileña
derivaba a una reunión consultiva de ministros de Economía o de Finanzas de la
región toda medida concreta de ayuda económica a los países que no pudieran
superar sus dificultades socio-económicas por su propio esfuerzo. Por cierto,
la existencia de estas divergencias de enfoque entre la Argentina, Brasil y
Chile respecto de la implementación de políticas multilaterales que apuntaran
al desarrollo socio-económico regional, revelaban por sí mismas uno de los
obstáculos con los que tropezó la marcha de la Alianza para el Progreso diseñada
por la administración Kennedy.
Por
su parte, Estados Unidos otorgó en Río varias concesiones verbales, que no
conformaron a la representación latinoamericana. Una de ellas fue la inclusión,
en la Resolución II del Acta Final de Río (o Acta Económico-Social de Río),
del principio de seguridad económica -uno que había estado fuera de la Carta
de la OEA-. Washington reconoció la importancia del factor económico en la política
de defensa del continente contra la subversión comunista y resolvió prolongar
la ayuda financiera establecida en el marco de la Alianza para el Progreso.
También la representación norteamericana tomó la iniciativa de proponer la
creación de una comisión interamericana destinada a fomentar la diversificación
de las exportaciones latinoamericanas. De este modo, las resoluciones VIII y IX
del Acta Final establecían la creación de un Fondo Interamericano para
Situaciones de Emergencia y el establecimiento de una oficina interamericana de
promoción de las exportaciones. Pero la delegación norteamericana no concedió
el punto central de la demanda latinoamericana: la creación de una zona
preferencial que se extendiera a todo el continente. El Acta Final se limitaba a
un compromiso verbal de Estados Unidos a favorecer la adquisición de productos
sudamericanos y la estabilización de los precios mundiales de las materias
primas.
A
fines de febrero de 1966, se inauguró en Panamá la Conferencia para la reforma
de la Carta de la OEA. En dicha ocasión, no sólo se hicieron evidentes las
profundas divergencias existentes entre Estados Unidos y los países
latinoamericanos respecto de temas “sensibles” de la agenda, como la
intervención de la FIP, la reforma de la Carta de la OEA, la ampliación de las
funciones del Consejo del organismo, o la inclusión del concepto de
“seguridad económica” en las deliberaciones, sino también las serias
diferencias de opinión entre los latinoamericanos acerca de estos tópicos.
Como era de esperarse, la diplomacia argentina volvió a adoptar una posición
conciliadora, pero las enormes divergencias empantanaron la conferencia. El tema
de la reforma de la Carta de la OEA sería retomado en la Conferencia de Buenos
Aires, realizada en febrero de 1967.
La
Argentina también estuvo presente en el tercer período de sesiones de la
Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina (COPREDAL),
que tuvo lugar en México, en abril-mayo de 1966. En esta conferencia, la
delegación argentina rechazó todo compromiso con la desnuclearización de la
región.
El jefe de dicha delegación, Luis Santiago Sanz, manifestó que
la existencia de garantías que resguardaran la seguridad del hemisferio debía
ser una condición previa para respaldar el proyecto de creación de una zona
desnuclearizada en la región -que tiempo más tarde se convertiría en el
tratado de Tlatelolco-. Asimismo, y en explícita referencia a la cuestión
Malvinas con Gran Bretaña, el delegado argentino propuso excluir a cualquier
“entidad política” cuyo territorio esté en litigio entre un país de la
región y uno extracontinental, tesis que fue respaldada por los miembros de la
Comisión.
Por
último, cabe recordar que el gobierno de Illia dio el primer paso hacia un
proyecto de cooperación surregional entre los países integrantes de la cuenca
del Plata -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay-. Así, ya en 1965 el
gobierno argentino efectuó, a través de sus embajadas ante los gobiernos de
Brasilia, La Paz, Asunción y Montevideo, una consulta sobre la disposición de
esos países para realizar una reunión que organizara el aprovechamiento de los
recursos de la cuenca. Ante el eco positivo de las naciones vecinas, el 2 de
junio de 1966, el canciller Miguel Angel Zavala Ortiz cursó a éstas una
invitación formal en los siguientes términos:
La
providencia ha otorgado a nuestros países magníficos recursos naturales.
Constituye una responsabilidad de los gobiernos movilizar esta riqueza en
beneficio de cada nación y de su pueblo. Entre estos recursos se encuentran los
ríos que integran la Cuenca del Plata. Las corrientes fluviales de este vasto
sistema hidrográfico ofrecen posibilidades ilimitadas para usos y aplicaciones
tan esenciales como son el agua de consumo, el riego, la navegación, el
aprovechamiento industrial, la producción de energía hidroeléctrica y la
utilización agrícola, pecuaria e ictícola.
(....) En opinión del gobierno argentino es de impostergable necesidad iniciar
el estudio del aprovechamiento posible de los recursos naturales de la Cuenca,
asignándole al mismo el carácter regional que la naturaleza impone. Conocidas
las conclusiones de estos estudios se podrá proyectar y realizar obras que se
estiman necesarias.
Asimismo,
se elaboró un proyecto de Tratado de la Cuenca del Plata, con el asesoramiento
del entonces embajador argentino en Japón, Guillermo Cano, que quedó momentáneamente
abortado por el golpe militar del 28 de junio de ese mismo año, que derrocara
al presidente Illia. Curiosamente, fue la gestión siguiente, la del general
Juan Carlos Onganía, la que concretaría la firma del Tratado de la Cuenca del
Plata el 23 de abril de 1969, a través de una reunión de cancilleres que tuvo
lugar en Brasilia.
Por
cierto, el proyecto de la Cuenca del Plata apareció ante los ojos de la
diplomacia radical como un intento -frustrado por el golpe que derrocó al
gobierno de Illia- de “multilateralizar” el diálogo entre la Argentina y
Brasil, que desde el derrocamiento de Frondizi se encontraba obstaculizado por
las diferencias existentes entre ambos países respecto de la cuestión del
aprovechamiento de los ríos de la Cuenca en proyectos energéticos.
Fuente: argentina-rree.com
