viernes, 2 de diciembre de 2011

Control al gigante: frenaron el acuerdo con los chinos para producir alimentos en Río Negro

El Superior Tribunal de Justicia provincial dictó una medida cautelar de no innovar en el proyecto agroalimentario. El plan de los asiáticos, que preveía un desembolso de u$s1.500 millones, cosechó de inmediato críticas por la escasa difusión de los términos de la cesión de 300.000 hectáreas.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro dictó una medida cautelar de no innovar en el proyecto de desarrollo agroalimentario, con participación de capitales chinos.

El fallo, firmado por su titular, Víctor Sodero Nievas, resolvió en forma positiva un recurso de amparo colectivo, interpuesto por la diputada peronista Silvia Horne y más de 500 firmas.

La medida judicial suspende cualquier acción sobre dicho proyecto "hasta tanto se dicten las medidas necesarias y urgentes para hacer efectivos los principios preventivo y precautorio y los estudios de planificación ambiental".

Se ordena también que el Ejecutivo "dé intervención previa a los municipios involucrados y a los demás organismos provinciales e interjurisdiccionales competentes".

El decreto del gobernador Miguel Saiz del 13 de septiembre pasado, que ratificaba las tratativas entre el Gobierno rionegrino y una empresa de capitales chinos, fue calificado por Sodero Nievas como "un precario instrumento que ni siquiera tiene el rango de preacuerdo".

En octubre de 2010, el mandatario saliente gestionó ante la firma china Heilongjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group Co. Limitada un megaproyecto de inversión de capitales asiáticos para el desarrollo de cultivos sobre 300.000 hectáreas bajo riego.

El plan, que preveía un desembolso de u$s1.500 millones y la creación de 100.000 puestos de trabajo, cosechó de inmediato una serie de reparos por la escasa difusión de los términos de la cesión de tierras, eliminación de impuestos y otros beneficios que les otorgarían a los inversores asiáticos.

El bloque justicialista opositor en el Parlamento provincial reclamó, por su parte, que el proyecto fuese aprobado a través de una ley con el debate previo correspondiente.

También hubo críticas de las organizaciones ambientalistas relativas a la eventual implantación masiva de soja y el uso de agroquímicos contaminantes.

La diputada Horne opinó que el fallo judicial "sienta un precedente histórico, para la Argentina y toda Latinoamérica, porque se trata nada más y nada menos que de la defensa de nuestra soberanía alimentaria".

Fuente: iprofesional.com

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