La
idea de gravar con un impuesto especial los alimentos que contengan
demasiadas grasas perjudiciales no es nueva. Se viene discutiendo desde
hace algunos años y se han publicado estudios sobre el impacto que tendría en la reducción de la obesidad. La novedad está en que desde principios de mes se ha puesto en marcha por primera vez y Dinamarca ha sido el país pionero.
Es
una medida polémica que reclaman algunos expertos en nutrición
españoles y rechazan varios representantes de los consumidores y de la
industria alimentaria. El primer ministro de Reino Unido, David Cameron,
no descarta adoptar iniciativas parecidas. En Hungría se acaba de
aprobar una tasa similar, pero para los alimentos y bebidas con altos
niveles de sal, azúcar, hidratos de carbono y cafeína. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad español señala que "en estos momentos no hay ningún planteamiento al respecto"
Los
daneses tienen que pagar unos 33 céntimos más por un envase de
mantequilla o margarina y nueve céntimos extra por una bolsa de patatas
fritas. El recargo es de 2,15 euros por cada kilo de grasa saturada,
aunque sólo se aplicará a aquellos productos en los que este tipo de
componentes que favorecen la obesidad y las enfermedades
cardiovasculares representen más del 2,3% de la composición.
Curiosamente, Dinamarca no es uno de los países con un índice de
obesidad más alto. Tan sólo el 10% de la población tiene este problema,
mientras que en España y otras naciones ya se ha superado el 17%. Pero
el Gobierno del estado nórdico se apoya en un estudio del Instituto
Danés de Alimentación y Recursos Económicos que asegura que cerca del 4%
de las muertes prematuras de este país se deben al consumo excesivo de
grasas saturadas.
En
teoría, el encarecimiento de los productos ricos en sustancias poco
saludables tiene un efecto disuasorio. Las empresas de alimentación se
animarán a buscar alternativas para producir alimentos sin penalización
económica y los consumidores vigilarán más su bolsillo y se decantarán
por comestibles más baratos y saludables. Además, existe un trabajo
británico realizado en 2007 se calcula que se podrían salvar 3.200 vidas al año en Reino Unido con la combinación de impuestos a las comidas poco saludables y descuentos a las más aconsejables.
Lo
cierto es que no existe consenso sobre la bondad de una iniciativa de
este tipo. Muchos médicos especializados en la materia, como Javier
Aranceta, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria,
creen que la iniciativa podría trasladarse a España con ciertos matices.
"En principio, estaría de acuerdo con la medida, siempre y cuando el dinero recaudado se destinase a abaratar productos como el arroz y el pan integral, las verduras, las frutas o las hortalizas,
que generalmente son más caros que los alimentos menos recomendables".
Estos incentivos para lograr una dieta más sana ya se han puesto en
marcha en algunos estados de EEUU, donde se reparten vales de descuento
para la compra de frutas y verduras a las personas con peores recursos
económicos.
Una
vuelta por el mercado o el supermercado basta para comprobar que los
comestibles ricos en grasas saturadas son considerablemente más baratos
que los vegetales. De ahí que diversas investigaciones hayan demostrado
una relación entre un bajo nivel económico y una mayor prevalencia de
obesidad. Según Aranceta, "ahora es más barato comer en una
hamburguesería que tomar el menú del día".
El
experto pone alguna objeción al proyecto danés: el límite del 2,3% de
grasas saturadas le parece exagerado. "Seguramente ellos se han adaptado
a su realidad, en la que los quesos untables o las mantequillas se
consumen mucho más que aquí", declara. Por otro lado, apunta que la
medida debe ir acompañada "de una buena información al consumidor, para que se gaste el dinero en otros alimentos".
La
información y la educación son, precisamente, dos de las palabras clave
que pronuncia José Ignacio Arranz, director general del Foro
Interalimentario (asociación sin ánimo de lucro integrada por distintas
empresas de alimentación con el objetivo de mejorar la formación
alimentaria de los consumidores). Pero, en este caso, el representante
del sector rechaza de plano el impuesto. "No hay alimentos buenos ni
malos; no se pueden gestionar como la política antitabaco", afirma.
"El
mayor fracaso político sería perder de vista el carácter multifactorial
de la obesidad", alega el experto. Esta enfermedad está asociada al
estilo de vida, que engloba, además de la alimentación, la educación, el
ejercicio físico, la habilitación de espacios para que los niños
jueguen... Por eso, concluye que lo que procede es "una estrategia
educacional e incentivar a la industria para que lleve a cabo actividades de investigación, desarrollo e innovación dirigidas a conseguir perfiles nutricionales más saludables". Algo que, asegura, "ya se está haciendo".
Arranz
es partidario de implantar, cuando se crea conveniente, restricciones a
la publicidad de productos poco saludables, así como de imponer "un
techo a los alimentos con grasas saturadas o trans". Esto último debe
estar sustentado por "bases científicas sólidas".
Rubén
Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, también ve
con recelo la decisión danesa, que incide directamente en el poder
adquisitivo de la población. "Entendemos que es necesario emprender
acciones regulatorias para mejorar la calidad de los alimentos que hay
en el mercado, pero un impuesto puede provocar que las empresas lo
repercutan en el precio y no se cumpla la finalidad de mejorar la
salud", asevera. Una de las alternativas que propone es "establecer límites máximos al porcentaje de grasas saturadas
que puede contener un producto", así como "pedir a los fabricantes que
anuncien de manera destacada en el etiquetado que se trata de un
alimento poco saludable".
Fuente: elmundo.es
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